ULS debió homenajear con ceremonia especial a docentes despedidos en 2017

Tras dos años de luchas legales que llegaron hasta el Tribunal Constitucional finalmente la justicia falló a favor de los 25 docentes desvinculados de la Universidad de La Serena en diciembre del 2017.

Se trató de docentes que se habían acogido a pensiones de vejez y continuaron, certificados por la misma universidad, prestando servicios académicos, sin embargo fueron desvinculados a finales del 2017, instancia donde la ULS habría desconocido la relación laboral de los académicos quienes fueron desalojados de la institución el día de su despido.

Tras la desvinculación, los afectados decidieron tomar acciones legales demandando a la casa de estudios por discriminación. 

Se trató de dos demandas, una individual y una colectiva de 24 académicos, y en ambos casos la justicia falló a favor de los afectados declarando que la Universidad de La Serena había vulnerado la garantía de no discriminación en razón de la edad de los demandantes, condenando a pagar una millonaria suma en conceptos de indemnización que supera los $1.800 millones, entre otras acciones reparadoras.

Sala Clarina Ahumada

Uno de los casos fue el de la docente de música, específicamente de flauta traversa del Departamento de Música de la ULS, Clarina Ahumada.

La académica decidió iniciar acciones legales de forma individual con un estudio jurídico en Santiago y tras varias instancias, que llegaron hasta el Tribunal Constitucional, la corte acogió parcialmente la demanda y declaró que, la ULS vulneró la garantía de no discriminación en razón de la edad de Clarina, poniendo término a la relación laboral por despido discriminatorio y grave.

Tras eso condenó que la casa de estudios debía indemnizar a Ahumada con 11 remuneraciones, pago por aviso previo, indemnización por años de servicio, entre otros, suma que supera los $50 millones.

Además ordenó a la ULS a realizar una charla sobre la garantía de no discriminación en las relaciones laborales y nombrar una de las salas donde se impartan clases de flauta traversa con el nombre de la profesora en una ceremonia invitando a quienes la afectada estime.

Respecto a este último punto es que la universidad llevó a cabo el dictamen judicial con una ceremonia de denominación donde estuvieron presentes autoridades de la ULS e invitados de la ex académica.

Pese a los tragos amargos que ha vivido durante los últimos años para Clarina la sala 23 es parte importante de su vida donde estuvo enseñando por más de 30 años y es por eso que emocionada recibió el homenaje aclarando que no había sido su solicitud la del cambio de nombre, sino una medida adoptada por la magistrado al momento de la sentencia.

Demanda colectiva

Así como en el caso de profesora Ahumada, la sentencia de la demanda también fue a favor de los docentes, a quienes se les debió pagar la misma indemnización de 11 remuneraciones, más previo aviso, entre otros pagos, suma que asciende a más de $1.717 millones (con intereses reajustados) indicó uno de los tres abogados de los académicos, Humberto Carrasco.

A la resolución se sumó la charla de discriminación laboral y una ceremonia de despedida para los 24 profesores, la que se realizó la tarde de ayer miércoles en la Aula Magna de la ULS.

En la instancia la ex académica Margarita García dedicó unas palabras acerca de la gestión de rectoría en la universidad, la privación de sus derechos al haber sido discriminados por su edad, los incansables intentos de no pagar la indemnización de la ULS y sobre la misma ceremonia. 

“La catalogamos de insincera, pues se ha organizado el último día de actividades de la Universidad (en donde la concurrencia de los miembros de los tres estamentos de la ULS sin duda será exigua) y, además, utiliza una terminología despectiva, al catalogarnos de “docentes denunciantes”, prosiguiendo hasta el final con su conducta discriminatoria y poco deferente con nosotros” fue parte de su discurso.

Versión de la universidad

Canalizada la vocería a través del abogado Julio Landaeta, la Universidad de La Serena se refirió a estos casos indicando que el acto administrativo de cese de funciones de los docentes obedeció a una instrucción de Contraloría de regularizar los casos de quienes estaban jubilados pero no habían sido informados por las AFP. 

“Nosotros tenemos la postura que hemos señalado a lo largo del juicio, esto obedeció a una orden que impartió la Contraloría General de la República por agosto del 2017 en orden de que era efectivamente una situación contraria a derecho en cuanto a personas que se habían jubilado y continuaron prestando servicios al interior de la universidad, por lo tanto, de acuerdo a los señalado por Contraloría tuvimos que dictar los actos administrativos para regular una situación ilegal”.

Añadió que “parte de nuestro presupuesto corresponde a recursos públicos, por lo tanto tenemos que defender los recursos públicos, así lo ordena la ley, la propia Contraloría y nosotros teníamos que naturalmente acotar todas las instancias judiciales que correspondieran y lo hicimos”. 

Respecto al millonario pago que debió realizar en indemnizaciones manifestó que “los dineros que dicen relación con esta causa estaban provisionados hace varios años cuando se descubrió este hecho”, por lo que no habría afectado mayormente el patrimonio de la universidad aseguró el abogado.

En la instancia no estuvo presente el rector Nibaldo Avilés, quien fue criticado en las instancias por los docentes, excusando su ausencia por actividades en la capital relacionadas al Consejo de Rectores en contexto de la PSU.