Investigación por compra de terrenos recala en Coquimbo

El pasado 4 de noviembre el caso denominado Papaya Gate llegaba antes de lo esperado a tribunales luego que la defensa de la ex intendenta Lucía Pinto presentara una Cautela de Garantías para tener acceso a la carpeta de investigación debido a que la Fiscalía no había accedido a entregársela. Finalmente se atendió la solicitud y el Ministerio Público puso los antecedentes a disposición de la ex autoridad investigada por el presunto Fraude al fisco cuyo monto asciende a los 9.800 millones de pesos. 

La historia completa y en detalle fue contada por ElBarómetro.cl en el reportaje publicado el 21 de octubre, pero recapitulemos. ¿Por qué comenzaron las indagatorias penales? Pues bien, el detonante fue la compra de los terrenos del sector de San Ramón en La Serena, para la implementación de un centro deportivo municipal como compensación a la casa edilicia luego que éstos cedieran gratuitamente los suelos de la Cordep, ya que eran los únicos idóneos donde emplazar el futuro hospital de la comuna.

¿El problema? El Gobierno regional efectuó la transacción con los privados sin la Toma de Razón de la Contraloría que representó el contrato en 4 oportunidades por detectar una serie de irregularidades, la principal, el sobreprecio debido a que las tasaciones iniciales que tuvo en vista el órgano fiscalizador apenas bordeaban los cuatro mil millones de pesos (ver documento).

Tal como reveló ElBarómetro.cl en el anterior trabajo periodístico, el equipo jurídico del Gore –o parte de él-, encabezado en ese momento por Eduardo Espinoza Rodríguez, decidió saltarse la normativa y elaboró un nuevo documento en secreto para concretar la operación. El segundo escrito no contenía las clausulas especiales –las que sí tenía el primero- que obligaban ser revisado y contar la aprobación del contralor para llevar a cabo el negocio, por ello los antecedentes se pusieron a disposición de la Fiscalía que decidió investigar posibles delitos económicos. Hasta ahora, en lo que también revelamos anteriormente, los dardos apuntarían a José Cáceres, ex administrador regional y mano derecha de Lucía Pinto, quien mantiene hasta la fecha nexos comerciales con los dueños de las inmobiliarias vendedoras, Guayacán SPA, y otras. Aunque evidentemente, de comprobarse algún ilícito, existirían más involucrados, y, de hecho, funcionarios municipales y otras entidades son objeto de investigación.

No se sabe en qué terminará uno de los escándalos más grandes de la historia en la zona, sin embargo, ya se vislumbran algunas consecuencias en lo inmediato, que tienen que ver con el perjuicio que tendría el FNDR para el 2021 producto de esta operación aparentemente ilícita, la que, además, en términos penales se amplía a la compraventa de los predios en el sector de La Cantera, Coquimbo, por más de $6 mil millones que tuvo lugar tres meses antes y que también fue objetada por Contraloría.

COQUIMBO, LA NUEVA ARISTA

En el transcurso de este reportaje, la interrogante estuvo rondando todo el tiempo. ¿Qué sucedería con el contrato de compraventa de los terrenos en La Cantera, en Coquimbo? La adquisición de estos terrenos destinados a la construcción del nuevo Hospital en la comuna puerto, también dio lugar a que la Contraloría instruyera un sumario, por encontrar una serie de “vicios” en la escritura que no pudieron ser subsanados, y la transacción se efectuó sin la Toma de Razón del ente fiscalizador, lo que incluso ocurrió antes del Papaya Gate y los predios de San Ramón en La Serena.

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Si bien en este caso no se pusieron los antecedentes a disposición de la Fiscalía en una primera instancia, según afirmaban abogados expertos, era muy probable que en algún momento la investigación en la capital regional se ampliara y llegara a Coquimbo. Claro, hay factores, personas y prácticas en común que hacen difícil separar una compra de la otra.

Finalmente, de acuerdo a información recabada por ElBarómetro.cl, y ratificada por el abogado Mario Zumelzu –representante del ex administrador regional José Cáceres- el Ministerio Público ya comenzó a estudiar el proceso de adquisición de los sitios de La Cantera. Y aunque, insistimos, todavía no se formaliza por ningún delito, de ser así, no sólo sería por los actos administrativos llevados a cabo en la capital regional, por lo que el eventual monto defraudado ascendería de $9.800 a $16.000 millones.

LOS INCONVENIENTES EN LA CANTERA

En el caso del Papaya Gate lo fundamental para llevar el tema a la justicia fue el eventual sobreprecio, y al revés, en lo concerniente a Coquimbo fue clave que no existieran mayores reparos precisamente en este ítem para que no entrara en juego el Ministerio Público desde el primer momento.

Lo que sí llama la atención es que a sabiendas de lo que ocurría en La Serena, y los problemas que estaba teniendo el Gore para legitimar ese contrato de compraventa, de igual forma se insistiera en firmar la transacción con la familia Prohens Villalón, dueños del sitio ubicado en La Cantera.

Todo corría prácticamente al mismo tiempo. El primer escrito de los terrenos de San Ramón en la capital regional se comenzó a tramitar y se firmó antes que el del puerto -el 9 octubre del 2019-, sin embargo, fueron apareciendo las representaciones al acto administrativo por diversos puntos, lo que finalmente culminó con la resciliación del contrato ya que no se solucionó lo objetado por la Contraloría. Por ello, y, presumiblemente, para soslayar al organismo fiscalizador, se realizó un nuevo documento quitando las cláusulas que resguardaban el patrimonio fiscal. De esta forma, se la operación se llevó a cabo el 3 de julio del 2020. 

Según afirman funcionarios del Gobierno regional, nadie se explica el actuar “imprudente” por parte del equipo jurídico “en medio de toda esta tormenta en La Serena”. Nada los detuvo e igualmente suscribieron el contrato de compraventa por los terrenos de Coquimbo el 31 de marzo del 2020, sin siquiera haber subsanado el otro trámite. Este acto administrativo también fue representado.

Un ejemplo de la premura con que el Gore estaba realizando ambos procesos al mismo tiempo es la cercanía de las fechas respecto a la primera objeción formal que reciben desde Contraloría por la compra de los terrenos en el puerto, que data del 18 de junio del año en curso ya que exactamente al día siguiente, el 19 de junio, llega la última de las representaciones por los lotes de la capital regional. Es decir, cuando se decía que se estaban intentando solucionar las objeciones del Contralor en una de las operaciones, simultáneamente se planeaba efectuar un contrato “en las sombras” que, se sabía, traería consecuencias, aunque no esperaba que fuesen de esta magnitud.

ALGO MÁS QUE LOS TIEMPOS

Pero no se trata sólo de coincidencias en el tiempo, sino de los errores que advertía la Contraloría y que no se subsanaban, de hecho, se insistía en ellos en ambos contratos de compraventa.

En este punto es preciso contextualizar cuál era el sustento de las representaciones (objeciones) efectuadas a la transacción de Coquimbo, y diferenciarla o aproximarla a la operación que dio lugar al Papaya Gate.

ElBarómetro.cl accedió a la totalidad de los documentos emanados desde el órgano contralor con los inconvenientes que el Gobierno regional debía solucionar para finalmente legitimar el contrato de compraventa por el sitio de La Cantera, lo que no hicieron. El primer suscrito emitido por el organismo devela antecedentes hasta ahora desconocidos que dan cuenta, según abogados expertos en Derecho Civil de la “desprolijidad” con la que se elaboró el acto administrativo.

En la misiva enviada por los fiscalizadores el 18 de junio del 2020 –con el contrato ya firmado y el dinero en manos de los privados- se señala que la compraventa “no resulta ajustada a derecho”, ya que no se justifica la compra vía trato directo, pese a que es posible realizarla excepcionalmente, siempre y cuando esté debidamente fundamentada, lo que no se daba en este caso.

Luego, en el párrafo cuarto se hace alusión a un informe caratulado como: Evaluación de Terrenos y Selección del Hospital de Coquimbo, de 2018, elaborado por la Unidad de Estudios de Pre inversión Hospitalaria del Servicio de Salud de Coquimbo, en el que se concluyó que ninguno de los cuatro terrenos -entre los que estaba el de La Cantera- presentaban las condiciones técnicas y normativas mínimas, por lo que se hacía recomendable iniciar un proceso de licitación pública, algo que no ocurrió. ¿Las razones? Según la versión oficial, los tiempos eran demasiado lentos, sin embargo, lo que no dijeron las autoridades en su momento es que para esa fecha ya negociaban la firma de un compromiso de compraventa con los dueños de los predios que finalmente adquirieron.

Pese a que, como ya se ha dicho, no se acusa explícitamente un sobreprecio de los terrenos, como ocurrió en La Serena, Contraloría deja claro, de acuerdo a los antecedentes que tuvieron a la vista, que las tasaciones de este bien raíz oscilaban entre los 3 mil y los 5 mil millones de pesos, y que el precio final fue de más de $6 mil millones. Si bien este aumento estaría dado por el cambio de uso de suelo, pasando de agrícola a urbano en el Plano regulador entrado en vigencia el 2019, tampoco se adjuntaron los antecedentes técnicos que sirvieran para justificar dicha aseveración.

Una vez recibida la respuesta del Gore donde se debían subsanar las observaciones, el órgano contralor fue categórico: no se logró justificar la principal objeción: el trato directo. Tampoco una serie de otras salvedades realizadas respecto a la idoneidad del lugar. Por lo mismo, el acto se volvió a representar ordenándose un sumario administrativo “debido a la falta de cuidado o diligencia en el resguardo de los recursos públicos”, ya que el contrato fue firmado mucho antes de las representaciones y el dinero entregado en el mismo acto sin la Toma de Razón el 31 de marzo del 2020. 

SIN RESGUARDO

Uno de los mayores cuestionamientos en el caso denominado Papaya Gate, es la realización de un segundo contrato a espaldas de la Contraloría debido a que esta no tomaba razón y por ende el Gore no podía concretar la transacción con las inmobiliarias vendedoras. El nuevo documento eliminó las clausulas 9 y 12 que impedía que se pudieran retirar los vales vista sin el consentimiento del organismo.

En el caso de Coquimbo fue diferente, puesto que desde un comienzo no hubo puntos especiales tendientes a asegurar el patrimonio y, de hecho, existía un compromiso de compraventa previo con la familia Prohens Villalón. Esto produjo que antes de que la Contraloría pudiese si quiera intervenir, el negocio estuviera concretado. Es decir, nunca se sometieron a la revisión administrativa que regula a los servicios públicos sobre todo cuando están involucrados estos montos tan altos, y sólo recurrieron a ella –Contraloría- cuando estuvo todo listo, obligados por la necesidad de poder imputar el dinero gastado al presupuesto anual, lo que sólo se puede realizar mediante la Toma de Razón.

En un análisis del contrato por parte de abogados expertos en Derecho Civil, coinciden en que contiene un error en su génesis, por omisión de cláusulas, ya sea debido a un error o deliberadamente, ya que, tal como en el segundo contrato con el que se efectuó la compra de los terrenos de San Ramón, se deja en una posición de menor control al comprador respecto del vendedor. Aquella tónica marca las cláusulas de la escritura pública.

En el punto Tercero, donde se consigna el precio de la compraventa que supera los 6.200 millones de pesos, además, se estipula que la compradora (Gore) paga en el mismo acto y con dinero en efectivo, algo que en la práctica resultaría imposible, por una cuestión física y porque se trata de recursos públicos donde, de acuerdo a la normativa, todo pago debe ser auditado con cargo a una cuenta fiscal, por tanto, el desembolso necesariamente debió realizarse a través de vales vista. En la misma cláusula se hace alusión a la renuncia expresa de la Acción Resolutoria del contrato. ¿Qué significa esto? Pues bien, la Acción Resolutoria (que el Gobierno desecha a priori), permite dejar sin efecto una escritura de compraventa en caso de que una de las partes no cumpla las obligaciones emanadas de ella. En este caso, claramente se favorece al vendedor (privados) ya que quienes eventualmente podrían incumplir algunos de los puntos estipulados, sin que el Gore pudiese reclamar, serían ellos. Claro, por su parte, en el mismo acto de la firma, el Gobierno regional, en algo poco usual, ya estaba cumpliendo sus dos obligaciones básicas: el pago del precio y la entrega de la cosa. ¿Qué se buscaba entonces instalando este punto? Aquello es algo que determinará la Contraloría, y eventualmente, si así se define, el Ministerio Público.

EL COMPROMISO OCULTO

Realizar un compromiso de compraventa es algo totalmente ajustado a la ley. De hecho, si bien se indaga, no se ha imputado ninguna acción ilícita en la adquisición de los terrenos de La Cantera para implementar el Hospital de Coquimbo. Sin embargo, la promesa firmada entre el Gobierno regional y los dueños de los predios despierta suspicacias debido a que se llevó a efecto el 31 de diciembre del 2018, un año y tres meses antes de que se firmara el contrato de compraventa definitivo. Cabe señalar que sólo semanas antes el propio Servicio de Salud había sugerido exactamente lo contrario, que lo más conveniente era llamar a una licitación pública y no asegurar la concreción del negocio con un particular, para, entre otras cosas, darle transparencia al proceso.

Dentro de las cláusulas que llaman la atención en el compromiso de compraventa están la Décima de Incumplimiento, que establece que si alguna de las partes no diera curso a lo estipulado la contraparte podrá entre exigir “el cumplimiento forzado de la obligación”, lo que da cuenta de un lenguaje coercitivo que deja poco rango de acción al Gore frente a otras posibilidades (terrenos) en el evento que pudiesen surgir opciones ya que todavía existía tiempo, y además, la promesa de compra era por predios que en ese momento no cumplían con todos los requisitos para los que pretendía ser utilizado.

En el punto Duodécimo de Confidencialidad, queda evidenciado el secretismo con el que se estaba llevando el proceso que, en su origen, de acuerdo a la Contraloría, debió ser completamente público. En este apartado, las partes acuerdan guardar reserva y confidencialidad en relación a los detalles del “presente contrato” sobre todo de los nombres de los vendedores y el precio pactado, en una cláusula que a lo menos “vulnera los principios de probidad de los actos públicos”, en el entendido que se trata de dineros fiscales y no una transacción entre privados, algo que hizo saber el organismo fiscalizador en sus representaciones.

¿PRESIONES O CONVERGENCIA?

Si bien la promesa de compraventa data de diciembre del 2018, un mes antes la ex intendenta regional Lucía Pinto enviaba el Oficio Ordinario 4891 (ver documento) dirigido al alcalde de Coquimbo Marcelo Pereira. En él, explicitaba las intenciones de comprar el terreno de La Cantera y que la decisión estaba tomada desde hace tiempo. De hecho, el escrito hace alusión directa a que el municipio realice cambios en el uso de suelo en el marco del nuevo Plano Regulador –aprobado posteriormente el 2019- para que el lugar cumpla con las características que se requieren y poder emplazar el nuevo hospital. En concreto, lo que solicita Lucía Pinto, y que consta en la documentación a la que tuvo acceso ElBarómetro.cl es “iniciar las gestiones para la modificación del seccional de La Cantera de manera que se permita el desarrollo del proyecto”. Cabe señalar que en ese momento todavía no existía nada firmado, pero evidentemente sí un acuerdo –al menos de palabra- entre el Gore y los vendedores. Además, según consta en la primera representación de la Contraloría, el cambio en el uso de suelo del sector elevó el precio de los terrenos, como ya se ha mencionado. De tasaciones iniciales que iban desde los 3 mil a los 5 mil millones, se llegó hasta los más de 6 mil millones que finalmente se terminaron desembolsando.

¿Existe ilegalidad en el entramado que precedió la adquisición de los terrenos de Coquimbo o sólo eventuales faltas administrativas? Por lo pronto, es la Fiscalía la que debe pronunciarse estando en conocimiento de los antecedentes, eso sí, la decisión respecto a una eventual formalización todavía está lejos. En el intertanto, lo más probable es que la construcción de los hospitales deba seguir esperando.

EL FACTOR ESPINOZA

Cabe consignar en este punto que, a estas alturas de la investigación, no existen culpables ni inocentes, lo que tenemos son protagonistas de un hecho que podría haber constituido un delito. En general, y tras dos meses, existen pocas certezas aún, pero queda claro que había una forma de operar que, desde la Contraloría, advirtieron, se estaba volviendo permanente. Primero en Coquimbo y luego en La Serena se efectuaron compraventas millonarias sin la supervisión del organismo fiscalizador, incluso, saltándoselo deliberadamente. Pero, ¿nadie advirtió las consecuencias? En rigor sí, y de ello da cuenta la contratación del abogado Roberto Garrido, “una eminencia” a nivel nacional para resolver inconvenientes de tipo administrativo con la Contraloría, ya que trabajó durante siete años en la planta directiva del organismo.

Desde el Gore se pusieron en contacto con él, incluso, antes que estallara el escándalo del Papaya Gate para que prestara asesoría jurídica y preparara “las sucesivas respuestas a las representaciones del contralor”. Es decir, se sabía que habría complicaciones, lo que se desconocía era el tenor que tomarían y que también se iniciaría indagatorias del tipo penal. Los honorarios del profesional serían de $25 millones, los que no se alcanzaron a pagar.

EL HOMBRE DE LOS CONTRATOS 

En el reportaje del 21 de octubre publicado por ElBarómetro.cl se develó la historia no contada detrás de lo que podría ser un Fraude al fisco por la transacción de los terrenos de San Ramón que hoy tiene al Ministerio Público investigando a la ex intendenta regional Lucía Pinto, e indagando en las relaciones comerciales del también renunciado ex administrador regional José Cáceres con las inmobiliarias que vendieron los predios a un eventual sobreprecio (dos millones de dólares la hectárea).

De igual forma, mencionamos a Eduardo Espinoza Rodríguez, ex jefe del departamento Jurídico del Gore, a quien el actual intendente, Pablo Herman, le solicitó dejar el cargo. Todavía no se conocen las responsabilidades penales ni administrativas por las que deberá responder cada uno de los involucrados, pero según antecedentes recabados por este medio, se tiene claro quién fue el autor material de los controversiales contratos, y por su cargo, responsable de ellos: nos referimos al segundo documento de La Serena, quitándole las clausulas para resguardar el patrimonio, y el de Coquimbo que nunca las tuvo. Se trata precisamente de Espinoza. Eso sí, cabe señalar en este punto que la firma final siempre fue la de la ex intendenta Lucía Pinto Ramírez.

UN CARGO POLÍTICO

Quisimos saber quién era este profesional que había asumido el cargo en el mes de febrero de este año, luego de la salida de Rodrigo Fernández Portaluppi, actual Director del Trabajo de la Región de Coquimbo, sin pasar por ningún tipo de concurso público.

Espinoza llegó con poca experiencia en el ejercicio del Derecho, debido a que se tituló de abogado sólo hace 4 años, en el 2016. Sin embargo, su recorrido en el ámbito público no es nuevo ya que se desempeñó en la Seremi del Trabajo entre el 2008 y el 2010, y luego en la Dirección Regional de Junaeb (Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas), entre septiembre del 2011 hasta julio del 2014 en el cargo de Asesor Jurídico, renovándose el contrato cada año.

Fue llevado a trabajar en este puesto por el director de la época Yuri Olivares, con quien mantenía una relación de amistad. Lo que llamó la atención en ese momento es que el cargo fue creado exclusivamente para él, es decir, no existía antes de su arribo. Además, algo que tampoco agradó entre los funcionarios de aquellos años, fue que Espinoza ejercía una labor que, aseguran, debía ser cubierta por un abogado profesional, grado que él todavía no alcanzaba.

Además de la amistad, entre Olivares y Espinoza existía una camaradería debido a que integraban el disuelto PRI (Partido Regionalista Independiente), el que por esos años vivía positivos momentos en la zona con militantes conocidos como Pedro Velásquez y el propio Yuri Olivares. Se comenta que en ese momento el partido estaba intentando potenciar a Eduardo Espinoza para postularlo a un cargo de elección popular ya que veían en él un potencial. Por lo mismo, era común verlo incluso en conferencias de prensa, “para mostrarse” y darse a conocer ante la opinión pública. (Ver registro gráfico)

HISTORIA DE PROBLEMAS 

Si bien en un comienzo el hecho de que no fuese abogado generó incomodidad, el por ese entonces Licenciado en Ciencias Jurídicas fue ganándose la simpatía de sus compañeros, ya que, de acuerdo al relato de ellos mismos, “tenía una personalidad imponente, pero habitualmente mantenía sentido del humor”. Sin embargo, ese mismo carácter fuerte le jugó en contra ya que habría comenzado a mostrar una faceta que sorprendió, y que en un comienzo se vio reflejada en la supuesta persecución que acusaba el actual consejero regional, Lombardo Toledo, en ese tiempo funcionario de Junaeb, quien había sido director de la institución entre los años 1994 y 2009 y para ese entonces se desempeñaba como Director del Internado Femenino de La Serena (de administración de Junaeb).

Yuri Olivares (ex DC), jefe de Espinoza mantenía una rivalidad política con Lombardo Toledo, militante DC, quien paralelo a su trabajo en la entidad, ya era concejal por la comuna de La Serena. En este contexto, le encargó a su asesor jurídico la labor de “vigilar” a su ex camarada, ya que Olivares se molestaba por el hecho de que Toledo realizara tareas propias de su labor colegiada en horario laboral, práctica en la que el concejal ya había incurrido el 2010 siendo sancionado por Contraloría con el pago del 20% de su sueldo por no estar en su puesto de trabajo en reiteradas oportunidades.

Espinoza se tomó su rol “demasiado en serio”, de hecho, hay quienes lo definen como “una obsesión”. Se le vio siguiendo a Toledo y tomándole fotografías junto a otro funcionario de confianza de Yuri Olivares, el periodista encargado de comunicaciones, Cristian Pizarro R. Pese a que el concejal insistía en que todo se trataba de un acoso laboral, en el 2013 fue sancionado nuevamente por Contraloría.

En ese momento, el asesor jurídico pertenecía al Sindicato de Trabajadores de Juaneb, y durante una reunión, según cuentan algunos de sus ex compañeros, se le habría recriminado su actuar en contra de Lombardo Toledo ya que, señalaban, no correspondía que se le vigilara de la manera en que se le había ordenado hacer, y además aquello no estaba dentro de su labor que era de carácter técnica. Ese episodio es recordado ampliamente en Junaeb, ya que, al verse contrariado, Espinoza se habría alterado de una forma desmedida mostrando rasgos “extremadamente violentos”. El hecho, venía a poner “la guinda de la torta” a una serie de episodios que el militante del PRI tuvo en esta etapa en que mostraría un comportamiento “irritable y agresivo”.

Claro, se encontraba en una lucha interna con los dirigentes gremiales a quienes en agosto del 2013 llegó a acusar de “haberse alejado de los fines por los cuales fueron elegidos” llamando a un voto de censura en su contra para destituirlos, algo que no prosperó, según se consigna en el acta de Votación de Censura donde la moción fue rechazada obteniendo sólo 10 a favor y 19 en contra.

INTRINCADA SALIDA

Cuando terminó el periodo de Yuri Olivares, y asumió John Cortés, ingeniero militante PPD, en la Dirección Regional de Junaeb, el hoy abogado investigado por los contratos del Papaya Gate, no renunció, pese a que, en la interna, se esperaba que lo hiciera ya que había sido puesto en el cargo por cuestiones políticas. Además, la relación con el resto de sus compañeros estaba completamente deteriorada debido a los “arrebatos” que tenía continuamente el asesor jurídico.

Cortés consideró que la dirección no necesitaba de los servicios de Eduardo Espinoza y éste fue cesado de su cargo. De inmediato, el hoy abogado presentó una demanda por despido injustificado y además un presunto acoso laboral ya que, según consignan medios de la época “el denunciante comenzó a ser hostigado, incluso, a modo de ejemplo, relata que cuando solicitó retirarse temprano debido a enfermedad, fue fotografiado por dirigentes gremiales. A razón de este revanchismo, el denunciante acusa que su salud empeoró, al punto de estar en licencia y tratamiento siquiátrico por los hechos relatados”.

Ganó en tribunales y la institución debió indemnizarlo por $3.756.000 basado en el artículo 489 del Código del Trabajo. Era el año 2014, y se alejaba del ámbito público, tanto a nivel laboral como político ya que, según afirman cercanos, no se sintió apoyado durante el proceso de juicio que tuvo que llevar a cabo. “Lo dejaron solo”, afirman quienes, incluso estando en el bando opuesto, vieron cómo a Espinoza nunca se le retribuyó la lealtad que había tenido con Olivares. De todas formas, tiempo más tarde generaría vínculos con varios de sus ex compañeros del PRI, que llegado el momento se acercaron a la UDI y a la figura del actual diputado Sergio Gahona.

Posteriormente,el abogado responsable de los contratos del Papaya Gate, y de la compra de los terrenos de La Cantera, en Coquimbo, continuó su trabajo en un estudio jurídico como asistente, hasta que finalmente en el 2016 obtuvo el título y decidió ejercer la profesión en el ámbito privado, trabajando precisamente para empresas que anteriormente había supervisado mientras prestaban servicios en Junaeb.

Pero aparentemente Eduardo Espinoza no olvidó lo vivido en su última etapa como funcionario público hasta el 2014, pese a la resolución favorable del Tribunal. ElBarómetro.cl tuvo acceso a testimonios de dirigentes nacionales de los trabajadores de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que recuerdan “con pavor” el paso del por entonces asesor jurídico por la entidad. “Le teníamos miedo”, afirman. Además de “arrebatos violentos” dieron cuenta de un episodio ocurrido en Santiago cuando literalmente “fue a buscar” al presidente nacional de Afaeb (Asociación de Funcionarios de Junaeb) a quien responsabilizó de su salida, y lo habría agredido tanto a él como al colega que lo acompañaba, según consta en plataformas reservadas a las que tuvo acceso nuestro medio. Esta situación derivó en una denuncia que terminó en tribunales y fue cerrada mediante un procedimiento monitorio.

LA SERENA Y SU PLANO REGULADOR: ¿INFORMACIÓN PRIVILEGIADA?

Coquimbo es un flanco abierto, pero por lo pronto las indagatorias concretas sólo se han iniciado en La Serena. Volvamos entonces a la capital regional, exclusivamente a lo que tiene relación con el Papaya Gate. Aquí, otro de los puntos para analizar es si el precio se elevó en base a una especulación inmobiliaria. Es decir, se pagó un monto más alto que el valor real no por lo que al momento de la compra costaban los predios, sino por la tasación que alcanzarían una vez que cambiara el Plano Regulador Comunal (PRC) el cual todavía no es aprobado y se encuentra en fase de revisión en el Minvu (Ministerio de Vivienda y Urbanismo).

Pero contextualicemos, ¿qué es y para qué sirve un PRC? Pues bien, de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcción, un Plano Regulador Comunal es una especie de memoria explicativa que debe contener todos los antecedentes socioeconómicos, crecimiento demográfico y desarrollo industrial para la correcta planificación del uso de los suelos y la factibilidad de cada sector. Contiene distintas disposiciones reglamentarias elaboradas localmente, y en este mapa que “rige” el ordenamiento de la ciudad se pueden distinguir las áreas zonificadas, la viabilidad real y la proyectada, y el límite entre lo urbano y lo rural.

Respecto al Plano de La Serena, data del año 2004 y en el 2013 se inició un proceso de actualización tras enmiendas, planos seccionales y una modificación parcial. Pero no es que durante los nueve años la normativa urbana se haya mantenido fija, ya que fue sometida a algún “ajuste” en 15 oportunidades.

Sin embargo, cuando estaba listo para cambiarse de manera definitiva el 2015, el terremoto y posterior tsunami echó por tierra el proyecto que debió someterse a un nuevo estudio para determinar claramente las zonas de riesgo e inundabilidad.  Aquello tomó tiempo, y recién en el mes de junio de este año el municipio envió la iniciativa al Ministerio de Vivienda y Urbanismo para que dieran el visto bueno final, algo que todavía no ocurre.

CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA CAPITAL REGIONAL

El nuevo Plano Regulador considera cambios gravitantes para el desarrollo territorial y el resguardo patrimonial de la ciudad en general, pero nos remitiremos a analizar lo concerniente a los terrenos comprados por el Gobierno para emplazar el Centro Deportivo San Ramón.

Bajo la normativa actual, es decir, sin implementar todavía las nuevas disposiciones y a riesgo de que, tal como ha ocurrido antes, demoren en publicarse en el diario oficial o simplemente aquello no pase, las características del sector no son demasiado favorables, con un coeficiente de constructibilidad extremadamente bajo y límites de alturas pequeñas. Sin embargo, una vez que entre en vigencia el nuevo plan esto cambiará radicalmente.

En lo concreto, pasarían de ser unos terrenos con escazas posibilidades de desarrollo inmobiliario, a aumentarlas hasta un 1.000%. Respecto a la cantidad de metros cuadrados posibles para desarrollar construcciones en el predio, el coeficiente se eleva del 30% al 240%. También existe una mejoría en la ocupación de suelo que pasa de 15% a 60%, y en tercer término aumentaría de la capacidad de densidad poblacional: de 40 habitantes por hectárea ascendería a 450, siendo esta la variable más significativa para el desarrollo inmobiliario, definiendo las unidades de viviendas para el sector, significando un incremento sobre el 1.000%.

La otra condición que sufre variaciones significativas es el reemplazo de una de las vías proyectadas de 30 y 60 metros, la primeraque cruza justo en medio de los predios involucrados, por la continuación de Los Arrayanes, disminuyendo su ancho a 20 metros (33% de descuento), reordenando la arteria proyectada hacia el perímetro de los terrenos y la segunda vía disminuyendo de 60 a 20 metros (66% de descuento). Con esto, se beneficia sustancialmente a los predios involucrados en la superficie expropiable por utilidad pública.

En definitiva, todas estas variables, influyen tanto en el valor como en el uso que se le dará al sector cuyas condiciones serán enormemente mejores de lo que son con el PRC todavía vigente. De hecho, hace dos días se registró una compra en terrenos aledaños a los que están siendo cuestionados, sin especulaciones, en base a la regulación actual y el precio fue de 1,2 UF el metro cuadrado.

INFLUENCIAS 

Tal como se ha señalado, ponerle precio a un terreno considerando los cambios en un Plano Regulador, si bien es cuestionado por algunos, es una práctica común y el oferente puede pedir lo que quiera si el comprador está dispuesto a pagar y, de hecho, el abogado del ex administrador regional José Cáceres, Mario Zumelzu, admite que así fue en este caso y que el precio se disparó entre el 2018 y el 2020. El problema surgiría cuando quien compra es el fisco, en un momento en que se analizaba el predio, ya que estaba en proceso de modificaciones de sus condiciones urbanísticas que se plasmarían en el nuevo plano. Y, además, incluso, se entrega más de lo que se le pide a espaldas del órgano de control. Pues bien, esa es una de las razones por la que se indaga en un eventual fraude.

Ahora, un cuestionamiento válido que surge es respecto a los tiempos en los que se conoció públicamente para la comunidad el nuevo PRC, y el momento en que tuvieron acceso a él los vendedores dueños de los terrenos, tema que hasta ahora había pasado desapercibido. Pero vamos a las fechas. Resulta que el primer contrato de compraventa entre el Gore y Guayacán SPA y otras, objetado por Contraloría, se firmó el 9 de septiembre del 2019 mientras que el Plano Regulador Nuevo (no vigente) fue exhibido a la comunidad en enero del 2020, y definido para pasar a revisión del Minvu recién en el mes de junio de este año. Es decir, necesariamente, si se argumenta que una de las variables que influyó en el sobreprecio fueron los cambios que iban a experimentar los terrenos con el consecuente aumento de plusvalía, se estaría reconociendo que en este entramado alguno de los involucrados entregó/recibió información privilegiada que todavía no era pública y que puso sobre la mesa –o derechamente se la sirvieron- a la hora de negociar. 

EL DESCALABRO PRESUPUESTARIO

El recién pasado sábado 28 de noviembre, con 28 votos a favor y 4 abstenciones el Senado aprobó el informe de la Comisión Mixta de la Ley de Presupuestos 2021, con lo que la iniciativa legal quedó lista para su promulgación. Con esto, las asignaciones a cada región para proyectos debiesen estar claras. Sin embargo, en la Región de Coquimbo, todavía existe incertidumbre. Si bien en primera instancia el monto total asciende a $68 mil millones, aún no se tiene certeza de cómo se va a resolver de manera contable el descalabro presupuestario por la no imputación del gasto por los terrenos, lo que sólo se va a conocer cuando se realice “el cierre del año”.

Pero existe una lucha contrarreloj. Desde que asumió como jefe regional, una de las tareas que el Intendente Pablo Herman priorizó fue la de salvaguardar los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para los próximos años y que –dicho en términos simples- no se vean mermados por no haberlos ejecutado en su totalidad durante el 2020. Una tarea que, de acuerdo a entendidos en la materia, se ve sumamente compleja de cumplir.

Claro, en este ítem, la no Toma de Razón –hasta ahora- de los dos proyectos emblemáticos que estaban considerados dentro del Marco de Evaluación de Presupuesto de la Subdere, cuyo monto total este año ascendía a $64 mil millones, y que luego aumentó a más de $68 mil millones de inversión, serían la gran piedra en el zapato para el Gobierno local. Y es que más allá de lo legal con un eventual Fraude al fisco siendo investigado por el Ministerio Público, el descalabro contable que generó el Papaya Gate y los terrenos de Coquimbo, no tiene precedentes.

Desde el nivel central son celosos de los recursos, sobre todo en tiempos de pandemia, por lo que existe una alta probabilidad de algún tipo de “sanción” o merma económica para la región por no haber invertido todo el dinero asignado -o no poder imputar el gasto- incluso con la posibilidad de entrar en la calificación de “ineficientes”.  

MONTOS QUE VAN Y VIENEN

Según fuentes al interior del Gobierno, esta suerte de “castigo” podría hacerse efectivo de distintas maneras, perjudicando los recursos futuros para la región que provengan del FNDR.

Pero contextualicemos. Tal como se ha señalado, la asignación presupuestaria para la región durante el 2020, de acuerdo a cifras de la Subdere, fue de $64 mil millones, un monto que, como siempre ocurre, ha ido aumentando debido a los distintos “ajustes” y suplementos, por lo que la cifra terminaría alcanzando los $68 mil millones al llegar el 31 de diciembre.

Al mes de septiembre, finalizando el tercer trimestre, ya se había ejecutado el 59% de los recursos, es decir, unos 11 puntos porcentuales menos que el 2019, pero 12 más que el 2018, año que también es recordado por una gestión al menos “regular” en cuanto a la ejecución de los dineros.

Ahora bien, ¿cuál es el problema? En teoría, todavía estaba disponible para los últimos meses el 41% de los fondos. De hecho, así lo confirmó en uno de los últimos trabajos que realizó para el Gore tras el escándalo del Papaya Gate la ex jefa de División Análisis y Control, Rocío Ramírez, actualmente renunciada a solicitud del propio intendente Pablo Herman.

De acuerdo al informe elaborado por la profesional, caratulado como: “Ejecución Presupuestaria 2020, Proyección Financiera Cuarto Trimestre”, el dinero para ejecutar desde octubre hasta diciembre alcanza la suma $28 mil millones, monto que, según consigna el mismo documento, ya fue desembolsado o tiene una asignación específica del gasto para ser imputado en lo que resta del año, con lo que se llegaría el 100% de eficiencia.

Pero aquí está lo complejo. Resulta que en el desglose de los proyectos que menciona Ramírez, aparecen las compras de la discordia: tanto la de los terrenos de La Cantera en Coquimbo donde se emplazará  el nuevo hospital de la ciudad puerto, como los correspondientes a los predios de San Ramón en La Serena, donde se iba a construir un complejo deportivo para la ciudad, pero ninguno de estos puede ser incorporado al gasto real e imputable sin que exista la Toma de Razón del órgano contralor, algo que difícilmente ocurrirá este año, y de hecho, existen posibilidades  de que jamás suceda al menos en lo concerniente a la capital regional.

DOBLE PROBLEMA

Hasta hace algunas semanas en el Gobierno existía esperanza de poder, al menos, lograr subsanar los contratiempos en el caso de Coquimbo, ya que en esta compraventa por más de $6 mil millones no existía ningún eventual delito siendo indagado. Lo que se investigaba eran sólo posibles irregularidades de carácter administrativo “por el no resguardo de las arcas fiscales” luego que los privados pudieran retirar los vales vista sin la Toma de Razón en el mismo acto administrativo, debido a que el contrato omitió las clausulas para que aquello no ocurriera En lo que no tenían ninguna expectativa era en lo de La Serena, en cuya transacción se indaga un presunto Fraude al fisco, derivado de un posible sobreprecio. Así las cosas, las autoridades locales pensaban que llegarían a una ejecución presupuestaria incluso superior al 90% de lo asignado, pudiendo imputarlo al gasto efectivo, quedando devengado (por pagar) sólo el porcentaje correspondiente a San Ramón (los $9.800 millones). Sin embargo, de acuerdo a información recabada por ElBarómetro.cl no habrá Toma de Razón en ninguno de las dos compraventas durante el periodo 2020. Esto, porque la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en el contexto del denominado Papaya Gate donde se indaga a funcionarios del Gobierno regional, no se puede desligar de la otra operación (la del puerto). En esa línea, también han manifestado que las diligencias previas a una eventual formalización serán extensas – a lo menos seis meses- y mientras tanto, según afirman fuentes al interior de Contraloría “no se adoptará ninguna determinación” hasta que le Fiscalía termine la investigación, en esta primera instancia, desformalizada. Por tanto, ambos desembolsos quedarán “por pagar”, en la incertidumbre.

ASIGNACIONES INCIERTAS 

Distintos consejeros regionales señalaron a ElBarómetro.cl que tanto en la reunión en que participó Rocío Ramírez y les presentó el informe de presupuesto para el cuarto trimestre del 2020, como en las que siguieron adelante, les informaron respecto a dónde irían a parar los dineros correspondientes a los más de $28 mil millones del presupuesto que todavía existía en caja. Eso sí, sin advertirles respecto del “descalabro interno” que en términos generales había con los fondos y el riesgo inminente de tener una merma considerable para el 2021.

En el detalle, según el documento de Ramírez, lo que queda del presupuesto sería ejecutado de la siguiente manera: En lo que respecta a las Transferencias Corrientes, hay $205 millones que serán asignados al Fondo Social Privado para un proyecto de salud.

Del ítem Adquisición de Activos No Financieros se cuentan “iniciativas menores” como reposición y compra de vehículos para el municipio de Punitaqui, equipos informáticos en Salamanca, y contenedores de residuos domiciliarios en esa misma comuna.

En el punto “Otras Transferencias”, donde figuran estudios de universidades y entidades del sector público, el gasto a ejecutar todavía supera los $4 mil millones, pero ya está asignado. También figuran Traspasos al Sector Privado, y Traspasos Públicos donde se asigna un monto de mil millones de pesos a la Subsecretaría del Trabajo.

El descuadre se genera en el caratulado: Iniciativas de Inversión, donde aparecen los fondos gastados, pero no imputados, correspondientes a los proyectos mencionados como Normalización del Hospital San Pablo de Coquimbo, por 6.340 millones de pesos, y la Construcción del Complejo Deportivo San Ramón por 8.216 millones de pesos (el restante cuya suma llega a los $9.800 millones viene del presupuesto del 2019 y tampoco se ha podido justificar). Más abajo en el documento aparecen otros $6.453 millones, pero éstos tienen que ver con la Programación de la Caja, es decir, ya asignados y sin aparentes problemas de ejecución, a diferencia de los dos primeros proyectos.

Claro, en total ambos suman más de $16 mil millones, y pese a que se apuntan de igual forma que los demás gastos expuestos en el informe, los demás muy probablemente sí llegarán a término este año, prácticamente en su totalidad. En tanto, los que tienen que ver fundamentalmente con la compra de los terrenos, lo más probable es que no, debido a la negativa de Toma de Razón por parte de la Contraloría.

GRAVES CONSECUENCIAS

En la Subdere regional, a nivel interno “hacen fuerzas” para que estas situaciones vinculadas al Papaya Gate no afecten la asignación presupuestaria del año 2021, pese a que el gasto efectivo para el 2020 será inferior al entregado. Sin embargo, admiten que podría haber complicaciones ya que se trata de decisiones que toma la Dirección de Presupuesto a nivel central, de manera que, lo que se intenta desde el Gore es que “se entienda que el presupuesto este año y el del próximo corren por carriles distintos”.

Pero lo cierto es que la Dipres es un ente técnico y las determinaciones podrían ser drásticas en detrimento de la región. Por ejemplo, y aquello lo ratifican fuentes gubernamentales, de frentón podrían rebajar los fondos para el año que viene. Es decir, como en este caso no se pudieron ejecutar 16 mil millones, el próximo año entregar 16 mil millones menos, ya que se entiende que no hubo capacidad de gestión, lo que constituiría uno de los peores escenarios para el presupuesto regional, y además el Gore sería calificado como “ineficiente”, algo que históricamente no había ocurrido en los últimos años, de hecho, la mayoría de las veces había pasado todo lo contrario.

De acuerdo al análisis que realizan entidades técnicas del gobierno, con las que ElBarómetro.cl tomó contacto, otra de las posibilidades que generaría gran merma financiera sería que, al menos de manera contable, se tenga que pagar el doble del costo de los terrenos debido a la mala gestión de los recursos y el posible delito que se investiga.

Pero, ¿cómo podría suceder esto? Pues bien, resulta que, como ya se ha mencionado, lo más probable es que la Contraloría no tome razón de ninguna de los contratos de compraventa en un tiempo indefinido, en ese caso los $16 mil millones quedarían devengados, sin imputar este año, es decir, implicarían un menoscabo financiero en esa misma proporción en los fondos 2020. Así, serían cargados también al presupuesto del 2021, es decir, el dinero no sólo “se pierde este año” dejando de ejecutar otros proyectos para priorizar éstos, sino que implica que el próximo periodo presupuestario se parte con menos fondos, porque este gasto ya está pendiente. Ejemplo: si la asignación de recursos del FNDR es de 68 mil millones de pesos, habría que descontar de inmediato los $16 mil millones, quedando para la ejecución real sólo $52 mil millones. La ecuación entonces es la siguiente: pese a que el 2020 se compraron los terrenos, no se pudo imputar el gasto, por lo que, en concreto, la operación no existe (contablemente), mientras que en el 2021, el presupuesto ya vendría con ese descuento, lo que produce que la pérdida de fondos respecto a lo que se dejó y se dejará de hacer en un año y otro, en suma, no sea de $16 mil millones sino que de $32 mil millones, es decir prácticamente la mitad del promedio del presupuesto anual en los últimos periodos.

¿UNA SANCIÓN DEL 5%?

Respecto a una eventual sanción de un 5%, hay dudas. Si bien un sector de los funcionarios enfatiza en que esta especie de multa dejó de existir hace años, hay otros que aseguran que todavía se mantiene. Este porcentaje de descuento tiene directa relación con una calificación de eficiencia. En esta línea, señalan trabajadores del Gore, si llega a producirse, no dolería tanto por el monto que se pierde, sino porque desde hace años que el Gobierno regional de Coquimbo está entre los que presenta mayores índices de ejecución de proyectos con una inversión prácticamente del 100% de los montos asignados en el FNDR.

HACIENDO ESFUERZOS

Fuentes de Gobierno aseguran que el intendente Pablo Herman que ha mantenido reuniones constantes con la DIPRES (Dirección de Presupuestos de Chile), tendientes a demostrar que la situación que se vive en la Región de Coquimbo por los terrenos es de carácter excepcional, por lo que no debería tomarse como dinero “no gastado”, ya que, si bien se han suscitado inconvenientes, los montos asignados sí se utilizaron. De hecho, tanto en el caso de los predios de La Cantera en Coquimbo como los de San Ramón en La Serena, éstos están en posesión del Gobierno.

Dentro de los escenarios favorables a los que aspira la administración de Herman está lograr “encapsular” estos fondos para que no afecten el presupuesto 2021 en un “ejercicio presupuestario” que ya tiene precedentes en otros Gobiernos regionales del país. Esto, asumiendo que la Contraloría no tomará razón antes del 31 de diciembre del 2020 algo casi seguro. De todas formas, en esta línea –la más realista-, en el Gobierno saben que, si “ocurre un milagro” y el órgano fiscalizador da el visto bueno a uno de estas transacciones, será sólo a la de Coquimbo, eso sí, dependiendo de los pasos y conclusiones que vaya obteniendo la Fiscalía.

Así las cosas, el foco está centrado en las gestiones, para no tener una merma de recursos, y si existe, que sea la menor posible. Y claro, también poder contar con los hospitales, tanto en La Serena como en Coquimbo, e ir poco a poco concretando proyectos pendientes, algunos de ellos -61 en total- priorizados pero estancados en el Gore desde el 2017, muchos de los cuales se ven cada vez más lejanos producto del descalabro presupuestario que provocó la compra de los terrenos y que la actual administración liderada por el intendente Pablo Herman, intenta subsanar.

LA ALTERNATIVA CIVIL EN LA SERENA

Hasta ahora el proceso legal en que derivó la compra de los terrenos de San Ramón en La Serena por $9.800 millones está orientado –además de lo administrativo- a lo penal. Por ello es que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía está llevando a cabo la investigación para determinar si existió un Fraude al fisco u otros delitos asociados. Sin embargo, durante este tiempo ha surgido una nueva teoría jurídica que podría aplicar a este caso y llevarse a cabo paralelamente a la que ya está encauzada por el Ministerio Público. Esta tesis dice relación con el Artículo 1888 del Código Civil, respecto a la Rescisión del Contrato de Compraventa por lesión enorme. Cabe consignar en este punto que este recurso no sería factible de aplicar en el caso de Coquimbo, ya que la compraventa no reúne los requisitos, y, además, la intención de la administración es mantener el terreno para implementar el hospital.

Pero, ¿qué es la lesión enorme y cómo podría agilizar o incidir en las indagatorias? Pues bien, de acuerdo a la legislación vigente, se puede recurrir a esta normativa para dejar sin efecto un contrato en el que un precio ha sido elevado artificialmente afectando a una de las partes. En el caso del vendedor, éste sufre lesión enorme cuando el valor de la cosa que recibe es inferior a la mitad del “justo precio” de lo que vende. Por su parte, el comprador también puede padecerla –la lesión enorme- cuando el “justo precio” de la cosa que compra es inferior a la mitad del precio que paga por ella.

Cabe consignar en este punto que, consultados distintos abogados expertos en Derecho Civil, la opinión general es que se podría/debería iniciar un proceso paralelo al penal invocando esta ley, sin embargo, hay quienes -sin descartar esta opción- manifiestan que de igual forma el contrato se anularía si se encuentran delitos por tanto otra alternativa sería esperar las conclusiones del Ministerio Público.

EL GORE DECIDE

En el Gore, según detallan fuentes a las que accedió ElBarómetro.cl, todavía no han analizado esta opción. Claro, tiene varias implicancias que incluso podrían afectar a quienes hoy están siendo investigados. Si se efectúa esta demanda civil para recuperar el dinero por una transacción de la que Contraloría probablemente nunca tome razón, se estaría reconociendo que existió un sobreprecio algo que la ex intendenta Lucía Pinto –renunciada por este hecho- ha negado categóricamente señalando que aquí “sólo existen faltas administrativas”, pese a que se indaga en la relación comercial que mantiene el ex administrador regional José Cáceres con las empresas que vendieron los terrenos, Guayacán SpA y otras.

Pero existe otra mirada. Consultados diferentes consejeros regionales, una decisión de esta naturaleza adoptada por el actual intendente Pablo Herman, también podría verse como una señal de transparencia y acción frente al proceso. Esto, porque si se ejerce la demanda civil y, en paralelo, finalmente se concluye que no existe delito por parte de los funcionarios públicos y autoridades indagadas, todavía está la posibilidad de que efectivamente se haya pagado más a los empresarios debido a la premura con la que se requerían los predios y, sin dolo, se aceptara la oferta pese a no ser la más conveniente. En este entendido, según consignan especialistas, los vendedores –si se comprueba la lesión enorme- deben por ley restituir el exceso del precio recibido sobre el justo precio aumentado en una décima parte. Es decir, el Gobierno se estaría adelantando ante un eventual escenario evitando dejar un flanco abierto y además logrando recuperar recursos. Además, hay que ser enfáticos en señalar que una sanción penal para los implicados, de haber delito, no necesariamente va a repercutir en un reembolso del dinero que el Gobierno gastó.

LESIONADOS

Más allá de la decisión que termine tomando el Intendente –la que podría adoptar en cualquier momento del proceso penal- analicemos las implicancias que tendría en el Papaya Gate.

Tal como se ha señalado, la lesión enorme tiene que ver con un perjuicio patrimonial que sufre una parte como consecuencia de la celebración de un acto o contrato, en este caso una compraventa de un bien raíz, que resulta de la desigualdad existente entre la ventaja obtenida y el sacrificio efectuado para obtenerla. En el fondo, remarcan expertos, es un desequilibrio manifiesto en las prestaciones.

En la adquisición de los terrenos de San Ramón, el comprador que es el Gobierno regional, podría invocar este artículo de acuerdo de los antecedentes que existen hasta el momento ya que, según precisaron desde Contraloría, las tasaciones que tuvo a disposición en su minuto el organismo fiscalizador bordeaban los 4 mil millones de pesos y el Gore terminó pagando $9.800 millones. Es decir, el “justo precio” de la “cosa comprada” era inferior a la mitad del precio -$4.900 millones- que finalmente desembolsó.

¿Qué debiese hacer entonces el Gobierno? Aquí los pasos son claros, primero decidir si quiere ejercer una acción civil para que se inicie un juicio y en esa etapa procesal deberá probar y acreditar que el “justo precio” del predio que compró es inferior a la mitad del precio que pagó. Todo ello con el objeto de lograr rescindir (dejar sin efecto) el contrato. Del otro lado, los vendedores tendrán que acreditar que existían tasaciones por valores superiores. Esto, sin perjuicio del camino penal –ya en curso- que también tiene efectos civiles.

CONVERGENCIA ENTRE LO CIVIL Y LO PENAL

El caso analizado es en extremo particular. Aquí existe la posibilidad cierta de que los compradores (Gobierno) se hubiesen coludido para aumentar el precio, de hecho, eso es lo que se está investigando. Este eventual acuerdo para elevar los valores muy difícilmente ocurriría en un negocio entre particulares ya que nadie quiere pagar más del precio real.

Pero se trata del Estado y existe un interés público en juego, por tanto, podría suceder que, pese a ir por caminos paralelos, en algún momento el proceso civil converja con el penal. Es decir, una investigación por lesión enorme abre la puerta para que surjan pruebas y testimonios que aporten al Ministerio Público. De ser así, la parte afectada y el juez deberán remitir los antecedentes a la Fiscalía.

Sin embargo, detallan juristas, esto no implicaría el término de la búsqueda de responsabilidades civiles, ya que teniendo en cuenta el interés público, podría determinarse la procedencia de la lesión enorme de todas formas, pues esa compra se hizo representando y comprometiendo el patrimonio fiscal.

¿QUIÉN PRESENTA EL RECURSO?

Pero de presentarse este recurso, ¿quién tendría que hacerlo? Lo primero que se tiende a pensar es que debiese ser el Consejo de Defensa del Estado (CDE) por afectar los dineros de todos los chilenos, sin embargo, según aclaran fuentes desde la propia entidad, en este caso en particular no les corresponde a ellos dar curso a esta acción civil, ya que los gobiernos regionales, a diferencia de otros servicios públicos, tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, de modo que, si existiera lesión enorme , serían ellos mismos los que tendrían que actuar demandando. 

Sin embargo, el CDE sigue representando al fisco, por lo que, en determinadas circunstancias, pese a que instituciones como el Gore tengan personalidad jurídica propia, igualmente intervienen, pero sólo a solicitud de éstos, lo que hasta ahora no ha ocurrido y no se sabe si pasará. Ahora bien, podría influir en la decisión que se tome si en definitiva la Fiscalía oficializa que, tal como en La Serena, llevará a cabo indagatorias por la compra de los terrenos en Coquimbo ampliando la investigación del tipo penal, con más dinero involucrado y por tanto mayores recursos por recuperar.