Lucia Pinto

El profesional, quien representa a José Cáceres, investigado por un presunto Fraude al fisco en el denominado “Papaya Gate”, anuncia que en los próximos días presentará una querella en contra del encargado del organismo fiscalizador en la zona, Hugo Segovia, por supuestas graves faltas en el ejercicio de sus funciones, las que habrían impedido el desarrollo de los proyectos hospitalarios en La Serena y Coquimbo. En entrevista exclusiva con ElBarómetro.cl, acusa al contralor de actuar conforme a una eventual animosidad sobre su cliente, a quien dice, amenazaba permanentemente con sumarios. Además, asegura que los cuestionados terrenos ni siquiera los eligió el Gore sino el municipio. Eso sí, admite la relación comercial entre su defendido y las empresas inmobiliarias vendedoras, aunque asegura, en la actualidad, Cáceres tendría una “participación pasiva” en dichos negocios.

Tras la audiencia de Cautela de Garantías solicitada por la defensa de Lucía Pinto, el Ministerio Público, que anteriormente se había negado a poner en conocimiento los antecedentes aduciendo que se trataba de una investigación reservada, esta vez, frente al juez de garantía, no tuvo inconvenientes en comprometer la entrega de documentos a la ex autoridad el próximo miércoles 11 de noviembre, en un procedimiento marcado por las ambigüedades en donde ni siquiera quedó claro si Pinto se encuentra en calidad de imputada en la actual etapa procesal.

La Contraloría entregó la fecha clave en que los sumarios estarán finalizados tanto en el Gobierno como en el Municipio de La Serena tras la compra de terrenos por los que el Gore pagó $9.800 millones a sociedades inmobiliarias sin la Toma de Razón del ente fiscalizador para financiar un proyecto deportivo de la casa edilicia. Las sanciones van desde una amonestación verbal hasta la destitución, con la consecuente inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de cinco años. La pena también aplica para quienes renunciaron y corre en paralelo con el proceso judicial que podría terminar con cárcel para los responsables.

El intendente (S), Gonzalo Chacón, confirmó que el día de ayer se “entregó todo lo requerido” a la institución policial y que el GORE prestará “apoyo” en el proceso.

A más de una semana de dejar su cargo en la Intendencia Regional, habló en exclusiva con El Día reiterando que la compra del cuestionado terreno en San Ramón se ajustó a derecho y que está trabajando en su defensa para demostrarlo. Reconoce, además, que saltarse la toma de razón “es un error administrativo” y que el sumario que lleva a cabo la Contraloría deberá determinar sanciones y responsabilidades, pero también dice que es justo considerar las urgencias de la comunidad. “No puede ser que las personas sigan esperando 15, 20, 30 años para tener un hospital o recibir su casa propia, tener luz o alcantarillado, eso no es dignidad”, detalla.